Blog de Inmobiliaria Sevilla 2000

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miércoles, 15 de julio de 2015

¿A dónde va cada céntimo que pagas en la factura de la luz?

Qué se esconde detrás de los peajes eléctricos. Tras el anuncio del Gobierno de rebajar un 4% esta parte regulada de la tarifa de la luz, que supondrá para el consumidor una rebaja en la factura cercana al 2,2%, idealista/news trata de aclarar para qué sirve el dinero que pagamos cada dos meses con el recibo.
El sistema eléctrico español se mantiene gracias a unos peajes que el Gobierno establece, que se pagan en la factura junto a los impuestos y el consumo de energía, y con los que se cubren los distintos costes reconocidos a un sector un tanto enmarañado.
Desde el transporte y la distribución hasta el pago de las primas a las energías renovables o el déficit de tarifa, está previsto que el sistema cueste este año 18.421 millones de euros. Los consumidores pagaremos casi 14.000 millones vía peajes y el resto se completa con otros ingresos del sistema. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que realiza todos los años una previsión de los ingresos y costes del sistema, este año la cosa irá así:
  • Transporte: 1.712 millones de euros. Es la actividad que desempeña Red Eléctrica de España para llevar la electricidad, en alta tensión, desde las centrales (sean del tipo que sean) hasta las subestaciones. Se trata de una red de 42.000 kilómetros y más de 5.000 subestaciones que suponen el primer paso en el camino de la energía.
     
  • Distribución y gestión comercial: 5.041 millones. Es lo que cobran las eléctricas por llevar la electricidad desde las subestaciones a las viviendas y empresas, así como por encargarse de facturar y atender a cada cliente.
     
  • Retribución específica a renovables, cogeneración y residuos: 6.980 millones de euros. Los productores de energía eléctrica con tecnologías renovables y las industrias que la producen mediante cogeneración (electricidad y calor) cobran por esta energía lo mismo que el resto de los productores más una subvención, llamada prima. Aunque el Gobierno ha recortado esta cantidad con las distintas reformas, sigue rondando los 7.000 millones de euros anuales. Según la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), serán más de 175.000 millones de euros durante la vida útil de las instalaciones actuales.
     
  • Pagos por anualidades del déficit de actividades reguladas: 2.927 millones. Con esta partida se va cubriendo la deuda histórica, de más de 22.000 millones y los intereses generados, fruto de una serie de decisiones políticas que hicieron que durante años no se pagara en la factura lo que realmente se necesitaba para cubrir todos los costes del sistema. El déficit de tarifa comenzó a generarse durante la época de la presidencia de José María Aznar y se engrosó con las políticas de apoyo a las renovables de José Luis Rodríguez Zapatero.
     
  • Retribución específica sistemas no peninsulares: 887 millones. Para compensar el sobrecoste que supone generar electricidad en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla se incluye una partida para equiparar los costes entre todos los consumidores de España. El coste de la generación eléctrica en Canarias ronda los 180€/MWh, en Baleares (141€/MWh),  Ceuta (293€/MWh) o Melilla (273€/MWh), cuando el precio medio del MWh en la península ronda los 59€/MWh.
    El propio Gobierno y la CNMC han afirmado que sería conveniente favorecer el autoconsumo de energía en hogares y empresas para rebajar los costes en la factura. La generación distribuida puede llegar a ser más barata que la generación convencional.
     
  • Costes pagos por capacidad: 735 millones. Con esta cantidad se retribuye que estén disponibles algunas centrales, fundamentalmente los ciclos combinados, centrales de gas, y que llevan años funcionando por debajo de las previsiones con las que se construyeron. Son propiedad de las principales eléctricas y uno de los puntos “calientes” en los enfrentamientos del sector: las renovables critican que se pague a unas centrales por estar disponibles cuando, actualmente, hay instalada potencia de sobra.
     
  • Moratoria nuclear: 35.7 millones €. A comienzo de los años 80, el primer gobierno socialista de Felipe González decidió parar la construcción de nuevas centrales nucleares. En 1994, esta moratoria se concretó con la suspensión de cinco proyectos de centrales nucleares que recibirían una compensación económica. Desde 1996, los consumidores pagan con la factura un recargo por haber parado las centrales ya proyectadas, lo que ha costado a los usuarios 5.717,91 millones desde 1996. De acuerdo con las previsiones de la CNMC, este será el último año en que se pague por este concepto.
    Con la llegada de José María Aznar al Gobierno se eliminó esa moratoria, con lo que se podían construir nuevas centrales. Sin embargo, el alto coste de la inversión, junto a los altos niveles de seguridad y el “problema” de qué hacer con los residuos nucleares han frenado nuevas iniciativas.
     
  • Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (sector eléctrico): 20,6 millones. Con la factura también pagamos el coste de mantener el organismo supervisor y regulador. 
Desde estas partidas globales, Unesa tiene una calculadora que desglosa la factura para conocer lo que se destina a cada una de estas partes cuando pagamos la luz. La factura eléctrica se divide en tres patas principales: coste de la energía, la parte regulada (los peajes) y los impuestos.
100e_3 La energía es la parte variable, lo que consume cada usuario en su casa. En la última reforma del Gobierno, se incluyeron parte del coste de los peajes en esta parte variable de la factura. En la parte de los impuestos vienen incluidos el IVA (21%) y el impuesto sobre la electricidad (5,1%).
Mientras, en los peajes vienen incluidas todas las partidas comentadas anteriormente, con un mayor peso de las subvenciones a renovables, la distribución y la amortización del déficit de tarifa.
Desde la patronal de las eléctricas insisten en subrayar que muchas de estas partidas responden a decisiones políticas e impuestos que encarecen una factura en la que solo debería pagarse por los costes “auténticos”: generar, transportar y distribuir la energía. Piden que esas decisiones políticas pasen a engrosar los Presupuestos Generales del Estado y no pesen sobre la factura de todos los consumidores.