La sentencia resuelve el recuso planteado por los consejos de notarios y registradores contra un real decreto de 2011 que pretendía aclarar una rebaja en los aranceles aprobada en una ley de 2007. El tribunal supremo desestimó las pretensiones de notarios y registradores y ratificó la interpretación que la organización de consumidores y usuarios y otros tribunales de justicia venían haciendo.
Por ello, el gobierno pedirá a la dirección general de registros y notariado a instar tanto al consejo general del notariado como al colegio de registradores de la propiedad a devolver más de 400 millones de euros que cobraron de más por las cancelaciones hipotecarias.
(publicado por idealista.com)
